Cámara aprueba informe de comisión mixta sobre proyecto de aseguramiento de la calidad de la educación

Cámara aprueba informe de comisión mixta sobre proyecto de aseguramiento de la calidad de la educación

Publicado el 20 de abril del 2011

Con 76 votos a favor, 21 en contra y 16 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al informe de la comisión mixta de senadores y diputados que propuso un texto para resolver las diferencias surgidas entre las dos cámaras legislativas durante la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación.

El proyecto (boletín 5083) tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo presentado en 2007 y busca establecer apoyos, regulaciones e incentivos para mejorar la calidad de la educación parvularia, básica y media del país, creando una nueva institucionalidad que permita al Estado actuar en el sistema escolar para lograr dicho fin.

La iniciativa legal consagra un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, que considera estándares de aprendizaje de los alumnos e indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y de sus sostenedores, docentes y directivos; requisitos para el reconocimiento oficial de éstos; políticas y herramientas de apoyo para el logro de los dichos estándares y los otros indicadores de calidad educativa; estándares de desempeño de docentes que servirán de orientación para la elaboración de las evaluaciones docentes; la fiscalización del uso de los recursos y, las evaluaciones del impacto de políticas y programas educativos.

También precisa que el Ministerio de Educación, como órgano rector del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Educación, deberá fijar políticas públicas y su financiamiento, debiendo, cada cuatro años, formular un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, de carácter público.

El proyecto crea una Agencia de Calidad de la Educación, encargada de la evaluación y orientación del sistema educativo tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, y de la equidad en las oportunidades educativas, fijando sus funciones, atribuciones y los órganos que la integran: el Consejo y el Secretario Ejecutivo.

Se entrega a la Agencia la función de evaluar el desempeño de los establecimientos de educación y de sus sostenedores, basándose en estándares indicativos elaborados de conformidad a la ley, regulando el objeto de estas evaluaciones, su procedimiento, las visitas inspectivas y los informes de resultados.

En el caso de los establecimientos particulares pagados, las evaluaciones serán voluntarias, autorizándose a la Agencia a realizar visitas de "aprendizaje" de colegios clasificados como de "Desempeño Alto", con el fin de identificar y difundir las mejores prácticas de esos establecimientos.

El texto legal regula la clasificación de los establecimientos según los resultados de aprendizaje de los alumnos, las distintas categorías que se contemplan, el procedimiento de reclamo y los efectos de la clasificación de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciben aportes del Estado.

Asimismo, establece medidas especiales para los establecimientos educacionales calificados de "Desempeño Insuficiente", los cuales tendrán el derecho a recibir apoyo técnico-pedagógico.

El proyecto crea una Superintendencia de Educación cuyo objeto será fiscalizar el uso de los recursos y el cumplimiento de la normativa educacional, por parte de los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, estableciendo sus funciones y atribuciones.

Se regula el procedimiento de rendición de cuentas de los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado y, el correspondiente a la atención de denuncias y reclamos formulados por los miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados.

También faculta a la Superintendencia para designar, mediante resolución fundada, un Administrador Provisional, para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo.

En la discusión en la Sala -en la que estuvo presente el Ministro de Educación, Joaquín Lavín, además de un grupo del Colegio de Profesores, en las tribunas-- intervinieron los diputados Sergio Aguiló (Indep), Guillermo Teillier (PC), Manuel Rojas (UDI), Marcos Espinosa (PRSD), Lautaro Carmona (PC), Romilio Gutiérrez (UDI), Cristián Letelier (UDI), Cristina Girardi (PPD), Germán Becker (RN), Fernando Meza (PRSD), Sergio Bobadilla (UDI), Mario Venegas (DC), María Antonieta Saa (PPD), David Sandoval (UDI), Hugo Gutiérrez (PC), Alberto Robles (PRSD), María José Hoffmann (UDI), Rodrigo González (PPD), Ramón Barros (UDI), Fidel Espinoza (PS), Carlos Vilches (UDI) y Germán Verdugo (RN).

La Cámara de Diputados debe comunicar este resultado al Senado para que este proceda a remitir el proyecto al Presidente de la República para su promulgación.